CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:Hasta diez partidos piden en el Congreso la retirada de la reforma local
Hasta diez partidos piden en el Congreso la retirada de la reforma local
Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, Izquierda Plural, UPyD, CiU, PNV,
ERC, BNG, Geroa Bai, Compromís-Equo y Amaiur han presentado en el
Congreso de los Diputados enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más
conocido como reforma local, al entender que supone un ataque a la
autonomía local así como un intento de recentralización por parte del
Estado.
Así, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros a
finales de julio, tras un año de negociaciones frustradas, ha cosechado
en su primer trámite en el Congreso el rechazo de todos los grupos de la
oposición, que piden la devolución del texto al Gobierno. Según las
enmiendas registradas por los citados diez partidos, la futura ley
atenta contra el municipalismo y pone en peligro la prestación de los
servicios sociales.
En esta línea, el PSOE denuncia en su escrito que la reforma
"vulnera la autonomía local garantizada constitucionalmente y los
principios que informan la Carta Europea de Autonomía Local". De hecho,
los socialistas no descartan llevar la norma al Tribunal Constitucional
si no son aceptadas sus demandas.
"Sacrifica la calidad democrática de las instituciones locales en
aras de una pretendida eficacia. Y lo que es más injusto, es un ataque
frontal a la igualdad del territorio y de los ciudadanos que lo habitan,
y por lo tanto, a la cohesión social", aseguran, para añadir, que lo
que "en última instancia" pretende el texto es "la privatización de la
gestión de los servicios públicos locales".
Por todo ello, critican que "la explicación de esta reforma sólo
puede encontrarse en la voluntad" del Gobierno de "imponer" un
determinado modelo de administración local basado en unos entes locales
con competencias "cada vez más limitadas", que presten unos servicios
sociales "cada vez más reducidos, sin autonomía política, tutelados
estrictamente, y mediante técnicas de control dudosamente
constitucionales".
RECHAZO A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
Por su parte, IU, ICV y CHA consideran que la reforma es una
"involución democrática" que "atenta" contra la autonomía municipal,
abre la puerta a la privatización de servicios y "destruye" empleo
público, y alertan de que el texto presenta una "manifiesta
inconstitucionalidad".
Por ello, en su enmienda de devolución proponen alternativas que
pasan por medidas como la eliminación de las diputaciones provinciales,
una institución que consideran "opaca, obsoleta" y plegada a "redes
clientelares".
Además, proponen flexibilizar los objetivos de déficit para las
entidades locales, máxime teniendo en cuenta que se trata de las
administraciones más saneadas económicamente, y aprobar una ley de
financiación local con una participación mayor en los tributos del
Estado --hasta un 33 por ciento--.
Por su parte, UPyD pide la devolución del texto al considerar que
no elimina duplicidades entre administraciones, no da solución a la
financiación de los entes locales y mantiene los "chiringuitos de poder
partidario" que son, a su juicio, las Diputaciones Provinciales,
"incompatibles" con el modelo autonómico español.
"El proyecto de Ley no respeta los valores democráticos ya que
deja vacíos de funciones a los ayuntamientos que eligen los ciudadanos
mientras refuerza unas Diputaciones, que mantiene como órganos infra
democráticos al conservar su sistema de elección indirecta de segundo
grado", señalan, para añadir que esto "creará el caldo de cultivo
institucional perfecto para más partitocracia, despilfarro y
corrupción".
INVADE COMPETENCIAS Y RECENTRALIZA
Los nacionalistas de CiU consideran que el contenido de la reforma
local vulnera la autonomía local, las competencias de las comunidades
autónomas, "particularmente las de Cataluña", y "no da respuesta a las
necesidades de mejora de la financiación local".
"El proyecto de ley se inspira en una profunda vocación
recentralizadora, que obvia las competencias exclusivas de la
Generalitat de Cataluña (y de otras comunidades autónomas) en materia de
régimen local", denuncian, para insistir en que la norma "aleja la
gestión municipal de los ciudadanos" y no respeta "ni la Constitución,
ni la Carta Europea de Autonomía Local, ni el propio Estatuto de
Autonomía de Cataluña".
En esta misma línea, ERC denuncia que la reforma local "es fruto
de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado
mantenida por el PP". "Se trata de un proyecto de ley que ataca la
autonomía local, recortando en democracia y alejando el poder de la
ciudadanía, que obvia las competencias autonómicas en régimen local y
administración territorial y que no resuelve el problema de financiación
de los entes locales", añaden.
Por su parte, el PNV denuncia que finalmente no se reconoce para
el País Vasco la singularidad del régimen foral, a pesar de que el
Gobierno se había comprometido a plasmar esta cuestión en el texto.
Asimismo, critica que la ley pone en peligro la propia calidad de los
servicios que proporcionan a la ciudadanía las administraciones locales y
desprecia el valor de la proximidad de los mismos.
Para Geroa Bai, el texto tampoco respeta en general las
singularidades competenciales y el peculiar régimen económico financiero
de Navarra. "Impulsaremos en el ámbito de la Comunidad Foral todas las
medidas que imposibiliten la aplicación de esta reforma pues no atiende a
nuestras especificidades y a nuestra realidad", advierte la diputada
Uxue Barkos en su enmienda, en la que también acusan al Gobierno de
tratar de "recentralizar".
Según Amaiur, la reforma "supone un grave peligro para la
autonomía municipal y atenta de lleno a la propia estructura
institucional vasca". "Es un exponente muy clarificador del déficit
democrático del que este Gobierno, una vez más, alardea y nos tiene
acostumbrados tanto al resto de los grupos parlamentarios así como, y
sobre todo, a la sociedad a la que representa", añaden.
Compromís-Equo también considera que esta ley "invade
competencias" de los Estatutos de Autonomía en materia de régimen local y
en varios ámbitos de legislación sectorial. Asimismo, creen que
"intenta vaciar de capacidad de gestión a los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes para escarnio de quienes no se han endeudado y han
tenido una gestión ejemplar", y "recentraliza competencias en favor de
las diputaciones y el Estado sin garantizar las mismas".
El BNG advierte asimismo que la reforma busca "limitar los ámbitos
de actuación de los ayuntamientos, cediendo parcelas de actividad al
sector privado" y advierte de que con el "pretexto de la
racionalización" el Gobierno "encubre" en la norma su intención de
ampliar su capacidad de decisión. "Es una reforma antidemocrática",
sentencia.
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