BURGOS.CHARLA DEL PRESIDENTE DE FIELM, Y VOCAL DE LA FED. ESPAÑOLA DE ELM, JUAN CARLOS DIAZ. El Aula Romeros de la Facultad de Derecho fue el escenario de la conferencia impartida por Díaz sobre el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
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| EN EL CENTRO JUAN CARLOS DIAZ, DEPARTE CON DOS ALCALDESAS |
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| EN PRIMER PLANO JUAN CARLOS DIAZ, VOCAL DE FEEM Y PTE DE FIELM, EN UNA INTERVENCIÓN RECIENTE. |
Entrevista
«La postura de
la Junta en Madrid es tibia respecto a las pedanías»
I.P. / Burgos - miércoles, 30 de octubre de 2013
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Juan Carlos Díaz • Presidente de la Federación Independiente de Entidades
Locales Menores
Alcalde de Virtus
(Ayuntamiento de Valle de Valdebezana), Juan Carlos Díaz fue de los primeros
regidores pedáneos que alzó la voz al conocer las primeras líneas marcadas por
el Gobierno central en su proyecto de ordenación. Pronto su lucha fue secundada
por otros ediles, lo que dio como fruto al nacimiento de la Federación
Independiente de Entidades Locales Menores que no ha dejado de reivindicar la
permanencia y competencias de éstas en el nuevo modelo estatal. Ayer, estuvo en
la UBU donde ofreció la charla ‘La reforma del régimen local y sus
consecuencias’.
El Aula Romeros de la Facultad de Derecho fue el escenario de la conferencia impartida por Díaz sobre el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida reforma local, que el ministro Montoro presentó en las Cortes el día 17 tras una larga ‘gestación’.
¿Cómo quedan las entidades locales menores en la Ley tras la retirada de varias cuestiones polémicas que las atañían?
Ahora mismo, tal y como está conceptuada la Ley, las entidades menores perderían esa condición y, prácticamente, las dejaría sin contenido funcional, competencial y sin saber en qué van a quedar.
¿Supone esto la pérdida de la identidad jurídica de las pedanías?
Piensa que la Ley de Bases de Régimen Local nos contempla como entidad local lo que nos permite ser una administración, aunque pequeña, que tiene unas funciones como las que puedan tener un ayuntamiento, diputación o una comunidad autónoma, en función de la población que tenemos y lo que podamos realizar en base a la regulación legal actual. Si ahora nos quitan eso, difícilmente vamos a poder ejercer competencias porque no quedamos definidos en la Ley. Sí parece que mantendríamos la personalidad jurídica, lo que en teoría nos permitiría gestionar nuestro patrimonio, esos bienes que son nuestros, aunque yo tengo mis dudas; pero por ejemplo, no podríamos acudir a subvenciones ni cualquier otro tipo de ayudas que convocasen otras administraciones. Tampoco sabemos qué vamos a tener que hacer respecto a la fiscalidad que ahora se nos exige de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas y a Hacienda. En principio, presumimos que no se nos aplicaría el criterio contable que ahora se nos exige, pero tampoco lo sabemos. Hay muchas lagunas.
¿Cabe la posibilidad de marcha atrás en cuanto al destino previsto por el Gobierno?
Depende a quien preguntes. Si preguntas al Gobierno, nos dicen que no nos preocupamos. Y, por ejemplo, en muchas diputaciones, entre ellas la de Burgos, ha habido un apoyo explícito a las juntas vecinales, pero al mismo tiempo, lo que dice la Ley es que nos pueden suprimir en varios supuestos, lo que no sucede con ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Al mismo tiempo, no se nos garantiza nuestra condición de entidad local.
¿En qué lugar queda la recién aprobada Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Junta frente al proyecto de Montoro?
Esta es otra cuestión añadida, porque la Junta sí garantiza la continuidad de nuestras juntas, pero ésta Ley va supeditada a la aprobación de la norma básica por parte del Estado y si éste dice que no vamos a ser entidad local, pues la Ley autónoma no se aplicaría en el aspecto que a nosotros nos regula. La Junta ha presentado enmiendas a la Ley nacional, pero la única que se refiere a las pedanías es la ampliación de la presentación contable que pasaría de tres meses a un año; del resto de cuestiones: mantenimiento de entidad local, fijar competencias, establecer un sistema de asignación de recursos como puedan tener los ayuntamientos o el suprimir la parte del artículo 116 bis que dice que nos suprimirán en el caso de que los ayuntamientos en los que estamos integrados, no cumpla con la regla de gastos, o presentar el plan de ajuste, la Junta no se ha posicionado, lo que es curioso porque mal queda la Junta si aprueba una Ley que apuesta por la pervivencia de las pedanías y luego en Madrid no presionas para que eso no se modifique, lo que de momento no lo han hecho.
¿Califica de tibia la respuesta de la Junta?
Por supuesto, tenía que haber sido más exigente, por una razón, porque en la Ley aprobada por la Junta, en el plazo de un año se tendrá que adaptar toda la legislación local y sectorial a la norma estatal. La Junta ha previsto ese proceso de adaptación, pero lo que no es normal es que apruebes una Ley en la que defienda unas entidades menores y luego no lo haga en base a presentar enmiendas en Madrid.
¿Qué margen de actuación le queda a la FIELM?
Las enmiendas a la totalidad han sido rechazadas. Ahora tenemos que esperar a la resolución de las enmiendas parciales en Comisión de Hacienda; me da la impresión de que se aplicará el rodillo y saldrá la Ley en base a lo ya conocido. A nosotros ya no nos queda mucho margen de maniobras, lo que teníamos que hacer, ya lo hemos hecho.
El Aula Romeros de la Facultad de Derecho fue el escenario de la conferencia impartida por Díaz sobre el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida reforma local, que el ministro Montoro presentó en las Cortes el día 17 tras una larga ‘gestación’.
¿Cómo quedan las entidades locales menores en la Ley tras la retirada de varias cuestiones polémicas que las atañían?
Ahora mismo, tal y como está conceptuada la Ley, las entidades menores perderían esa condición y, prácticamente, las dejaría sin contenido funcional, competencial y sin saber en qué van a quedar.
¿Supone esto la pérdida de la identidad jurídica de las pedanías?
Piensa que la Ley de Bases de Régimen Local nos contempla como entidad local lo que nos permite ser una administración, aunque pequeña, que tiene unas funciones como las que puedan tener un ayuntamiento, diputación o una comunidad autónoma, en función de la población que tenemos y lo que podamos realizar en base a la regulación legal actual. Si ahora nos quitan eso, difícilmente vamos a poder ejercer competencias porque no quedamos definidos en la Ley. Sí parece que mantendríamos la personalidad jurídica, lo que en teoría nos permitiría gestionar nuestro patrimonio, esos bienes que son nuestros, aunque yo tengo mis dudas; pero por ejemplo, no podríamos acudir a subvenciones ni cualquier otro tipo de ayudas que convocasen otras administraciones. Tampoco sabemos qué vamos a tener que hacer respecto a la fiscalidad que ahora se nos exige de rendir cuentas al Tribunal de Cuentas y a Hacienda. En principio, presumimos que no se nos aplicaría el criterio contable que ahora se nos exige, pero tampoco lo sabemos. Hay muchas lagunas.
¿Cabe la posibilidad de marcha atrás en cuanto al destino previsto por el Gobierno?
Depende a quien preguntes. Si preguntas al Gobierno, nos dicen que no nos preocupamos. Y, por ejemplo, en muchas diputaciones, entre ellas la de Burgos, ha habido un apoyo explícito a las juntas vecinales, pero al mismo tiempo, lo que dice la Ley es que nos pueden suprimir en varios supuestos, lo que no sucede con ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Al mismo tiempo, no se nos garantiza nuestra condición de entidad local.
¿En qué lugar queda la recién aprobada Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Junta frente al proyecto de Montoro?
Esta es otra cuestión añadida, porque la Junta sí garantiza la continuidad de nuestras juntas, pero ésta Ley va supeditada a la aprobación de la norma básica por parte del Estado y si éste dice que no vamos a ser entidad local, pues la Ley autónoma no se aplicaría en el aspecto que a nosotros nos regula. La Junta ha presentado enmiendas a la Ley nacional, pero la única que se refiere a las pedanías es la ampliación de la presentación contable que pasaría de tres meses a un año; del resto de cuestiones: mantenimiento de entidad local, fijar competencias, establecer un sistema de asignación de recursos como puedan tener los ayuntamientos o el suprimir la parte del artículo 116 bis que dice que nos suprimirán en el caso de que los ayuntamientos en los que estamos integrados, no cumpla con la regla de gastos, o presentar el plan de ajuste, la Junta no se ha posicionado, lo que es curioso porque mal queda la Junta si aprueba una Ley que apuesta por la pervivencia de las pedanías y luego en Madrid no presionas para que eso no se modifique, lo que de momento no lo han hecho.
¿Califica de tibia la respuesta de la Junta?
Por supuesto, tenía que haber sido más exigente, por una razón, porque en la Ley aprobada por la Junta, en el plazo de un año se tendrá que adaptar toda la legislación local y sectorial a la norma estatal. La Junta ha previsto ese proceso de adaptación, pero lo que no es normal es que apruebes una Ley en la que defienda unas entidades menores y luego no lo haga en base a presentar enmiendas en Madrid.
¿Qué margen de actuación le queda a la FIELM?
Las enmiendas a la totalidad han sido rechazadas. Ahora tenemos que esperar a la resolución de las enmiendas parciales en Comisión de Hacienda; me da la impresión de que se aplicará el rodillo y saldrá la Ley en base a lo ya conocido. A nosotros ya no nos queda mucho margen de maniobras, lo que teníamos que hacer, ya lo hemos hecho.
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