La FEEM ha
asegurado por boca de su presidente, Antonio Martín Cabanillas, que es
“lamentable la cerrazón del Gobierno respecto a esta Reforma Local”. “No hay
nada peor que no querer escuchar”, ha dicho, “y parece que esa es la táctica
que ha adoptado el Gobierno de la Nación respecto a este Proyecto: ni las
advertencias de posible inconstitucionalidad por parte del Consejo de Estado, hace
meses, ni las manifestaciones multitudinarias, ni las enmiendas a la totalidad,
nada parece lo suficientemente importante para seguir adelante con una ley que
no va a solucionar los problemas de las entidades locales y que sin embargo
atenta directamente contra ellas”.
De hecho, el presidente de la FEEM asegura “sólo se
refuerzan las competencias de unas administraciones de carácter menos
democrático que las propias entidades locales, como lo son las diputaciones,
cuyos miembros carecen del aval de la representación directa, algo que entra
claramente en contradicción con la Carta Europea de Autonomía Local”.
La Federación
Española de Entidades Locales, que pudo asistir en primera persona desde la
tribuna de invitados del Congreso a esta primera sesión sobre la ley asegura
que “en más de una ocasión hemos reconocido que era necesaria una reforma de la
administración que clarificase competencias, promoviese el ahorro y mejorase la
eficacia de la administración local pero consideramos que, por lo que respecta
a las entidades menores, y como ya hemos indicado en más de una ocasión, con
este texto no se cumple ninguno de los tres objetivos: ni se clarifican
nuestras competencias, en relación con las que prestan los municipios, ni se
nos reconoce la financiación para prestar las que sí son competencias propias
ni nuestra existencia o nuestra supresión –como se pretendía inicialmente-
suponen un ahorro para el Estado”.
Por ello, desde la
FEEM tienen muy claro que “vamos a continuar demandando nuestros derechos como
entidades locales. Conseguimos que no se nos suprimiese de un plumazo,
como pretendía el
Anteproyecto inicial presentado hace un año, que directamente proponía nuestra
supresión, pero también vamos a seguir defendiendo que las entidades menores no
sean las que paguen el pato de un ayuntamiento que esté en quiebra y que tenga
que suprimirnos para poder acogerse a un plan de saneamiento”.
Hay que recordar
que éste es sólo uno de los supuestos de los varios que contempla el actual
texto de la Reforma Local para la supresión de las entidades menores, de las
que hay cerca de 4000 en todo el país, y en las que viven más de 800.000
personas. El texto que ha pasado el primer trámite en el Congreso también
contempla la supresión de las entidades menores que no presenten en el plazo
legal sus cuentas.
Desde la FEEM
lamentan, además, que el texto no vuelva al pleno del Congreso, y que tras
abordarse en Comisión se traslade directamente al Senado, “lo que nos indica que
quieren pasar de puntillas sobre lo que queda de trámite y que éste se realice
cuanto antes”.
Alcaldes del PP en desacuerdo
Sin embargo, no todo el PP es una
piña en torno a este asunto, como quisieron representar el pasado jueves en el
Congreso. Esta misma mañana, en la reunión Intermunicipal del PP andaluz, que
ha tenido lugar en Jerez de la Frontera, y ante el Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta , la alcaldesa popular de la entidad
local de Balanegra, vicepresidenta de la Federacion Andaluza de entidades
Locales Menores, y miembro de la dirección Nacional de la FEEM, Mercedes
Tapia, ha tomado la palabra para recriminar a su Partido y al Gobierno el trato
que se da a las entidades locales en la Reforma Local. La alcaldesa de
Balanegra se ha centrado en los dos supuestos de supresión referidos: en el
caso de que no presenten sus cuentas en los tres meses previstos y en el caso
de que su ayuntamiento matriz necesite sanearse. Una queja en la que han contado con el apoyo
de sus homónimos de San Martín del Tesorillo y de La Barca de la Florida, ambos
igualmente populares.
Según ha explicado la propia Tapia a sus compañeros de
Federación, el Secretario de Estado no ha respondido a su demanda, aunque sí lo
ha hecho el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, que ha asegurado que
una ley que pretende suprimir un pueblo por esos motivos es injusta.
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