GALICIA: La Xunta de Galicia se niega a aplicar la reforma local de Rajoy
La Xunta de Galicia se niega a aplicar la reforma local de Rajoy
Rueda: «No vamos a consentir una relación entre diputaciones y concellos como si las comunidades no existiesen»
«La nueva ley estatal fija poco más o menos que,
en principio, todos los servicios que no presten los
ayuntamientos pasen a prestarlos las diputaciones. Y eso, en
Galicia, no va a ser así. [...] No vamos a consentir una
relación directa y única entre los ayuntamientos y las
diputaciones como si las comunidades autónomas no existiésemos».
Habla de esa manera, sin ambages, el vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda, alto cargo del mismo PP que ha redactado en
Madrid la ley a la que alude con reproche: la de la reforma
local, un texto que estas semanas enfila ya la recta de su
aprobación definitiva. Para «corregir» varios de sus aspectos,
él prepara en Galicia una especie de contrarreforma. En el punto
de mira, el desmedido poder de los entes provinciales y el pobre
fomento de las fusiones municipales que emanan de la citada
norma estatal.
A la vuelta de las Navidades, el Gobierno
autónomo planea iniciar el proceso para modificar la Lei de
Administración Local de Galicia, la cual data de julio de 1997.
Transcurridos más de 16 años desde su entrada en vigor, ya
tocaba darle una vuelta, máxime después del cambio de marco
legal promovido por la Moncloa. Pero, al margen de adaptarla a
los tiempos, el Ejecutivo pretende aprovechar la coyuntura para,
dentro de sus competencias, invalidar de facto, suavizar
o matizar aquellos artículos de la normativa marco que no le
terminan de convencer, que son varios. «Vamos a explotar el
margen de maniobra que deja la ley española -enuncia Rueda su
propósito- para cerrar mejor algunas cosas».
Nuevo mapa de servicios
Entre otras cuestiones, con su propia reforma la
Xunta acotará el papel de las diputaciones por la vía de
implantar un nuevo mapa de los servicios básicos «que establezca
claramente quién tiene que hacerse cargo de cada uno y quién
debe pagarlo», si la Administración autonómica, la provincial o
la municipal. Además, fracasada su cruzada para que Madrid
forzase a ciertos ayuntamientos pequeños a unirse entre ellos,
«blindará» mecanismos económicos y financieros que incentiven
«al máximo» fusiones como la de Oza dos Ríos y Cesuras,
materializada en junio de este año tras casi medio siglo sin
matrimonios entre concellos.
Por aquello de no jugar con las cartas marcadas,
sin embargo, el número dos de Feijoo no quiere ir mucho más allá
en este tema de momento. No en vano, para el cambio legal que
proyecta acometer beberá también de las ideas surgidas en el
seno de una comisión creada en el Parlamento para diagnosticar
el estado de la planta local gallega. Un grupo de trabajo cuya
labor ya ha terminado, si bien sus conclusiones todavía no han
sido divulgadas. De ahí parte de las reservas del
vicepresidente.
Esta tarea, que probablemente abra a la Xunta un
nuevo frente con los presidentes provinciales, es la primera que
Rueda ha puesto sobre la mesa de su flamante director xeral de
Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, quien ayer
tomó posesión de un cargo en el que sustituye a Norberto Uzal. «Chegas nun momento especialmente interesante, con
moitos cambios por facer», le advirtió en el tra
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