Las entidades locales menores exigen al PP que renuncie a su supresión
En la foto reunión con los Diputados Rafael Merino, Juan Jose Matari y Jose Alberto con la Federación Española de ELM, el pasado dia 9 de Octubre, en el congreso de los Diputados.
Los alcaldes pedáneos trasladan al
Gobierno el apoyo de la Cámara andaluza
Raúl
Limón Sevilla 12 OCT
2012 - 17:15 CET
El diputado del PP y exalcalde de Córdoba, Rafael
Merino, preside en el Congreso la reunión con los representantes de las
entidades locales el pasado 9 de octubre. / EL PAÍS
“No es suficiente y llega con retraso, pero nunca es
tarde”. Es la reacción del secretario general de la Federación
Andaluza de Entidades Locales Municipales (Faem), Miguel Gregorio
Martínez, a la proposición no de ley que aprobó el pasado jueves el Parlamento
andaluz, con los votos de PSOE e IU y la abstención del PP, contra la supresión
de las entidades locales autónomas promovida por el Gobierno central. En
Andalucía, más de 100.000 personas viven en 48 núcleos de población de estas
características y en los 12 pendientes de segregación. Con la resolución de la
Cámara andaluza acuden el miércoles a una reunión con el secretario de Estado
de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.
El Gobierno aprobó el 13 de julio el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Municipal con motivo de la
modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. En esta propuesta se prevé
“la disolución de las entidades locales menores existentes, que pasan a ser
absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan”. Entonces reclamaron sus
representantes una respuesta contundente, que ha tardado en llegar.
Los responsables de las entidades locales mantuvieron
una reunión el pasado martes con el exalcalde de Córdoba Rafael Merino y el
diputado almeriense Juan José Matarí, ambos representantes del grupo
municipalista del PP en el Congreso. Gregorio Martínez concluye tras esa
reunión que el PP admite la posibilidad de retirada de la propuesta, pero que
el Gobierno, también del PP, aún mantiene su posición.
El diputado socialista Francisco Javier Aragón
defendió el jueves en la Cámara andaluza los argumentos de las ELA: sus
alcaldes hacen una buena gestión, en la mayoría de los casos con sueldos bajos
o sin ellos y propician la participación ciudadana al ser elegidos en listas
abiertas. Estos pueblos prestan servicios fundamentales, aportan riqueza e
impuestos y su nivel de endeudamiento es mínimo porque no lo precisan o porque
tienen que contar con autorización previa para pedir dinero. Finalmente, son
entidades claves para mantener la población rural y el medio ambiente.
El anteproyecto de ley general que las suprime, añade
Aragón, atenta contra la autonomía local
prevista en la normativa andaluza, que otorga al municipio la capacidad de
crear o suprimir estas entidades.
Según los datos de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
agregan los representantes de la Faem, son las Diputaciones y los municipios de
más de 100.000 quienes suponen los mayores costes y generan más deuda. “Con el
gasto de los más de 50 directores de estructura de un ayuntamiento como el de
Sevilla se pagaría todo el capítulo I [personal] de las 48 ELA”, añade la federación
andaluza.
El diputado de IU Juan Serrano añadió que la supresión
de estas entidades “supondría graves perjuicios para los pueblos y sus vecinos
sin ningún ahorro económico”. “Esto solo es una operación cosmética. Este
proyecto lo hacen desde el desconocimiento del mundo rural y supone un éxodo
desde los pueblos y un ataque a la agricultura y ganadería”, dijo. IU, según
Gregorio Martínez, defendió que, al contrario de lo que propone el PP, habría
que potenciar las ELA y darle mayor autonomía política y financiera. IU ratificó su intención de promover
un recurso de inconstitucionalidad de la Junta si sigue adelante el proyecto
de los populares.
La medida divide a los populares, que mantienen
posiciones contradictorias. En las reuniones de diputados con los
representantes de los municipios, como la del pasado 9 de octubre, afirman que
esta propuesta “está en franca retirada”. Sin embargo, el pasado jueves en el
Parlamento andaluz, cuando tuvieron la oportunidad de hacer pública su
posición, se abstuvieron. La diputada del PP Carolina González consideró
“oportunista” la proposición de los partidos de izquierda contra medidas que
“todavía no se han producido y que se tomarán si hay un consenso con la Federación
Española de Municipios y Provincias”.
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