CASTILLA Y LEON:PP y PSOE negocian las enmiendas para poner en marcha la reforma local
PP y PSOE negocian las enmiendas para poner en marcha la reforma local
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| SEDE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN-VALLADOLID |
Los
grupos Popular y Socialista buscan el acuerdo, sin prisa pero sin pausa
y desde la discreción, para la aprobación como proyecto de ley del
decreto de aplicación en Castilla y León de la reforma local del
Gobierno, mientras que IU apuesta por el pacto para «descafeinar» los
efectos de la llamada ley Montoro y UPL requiere claridad para que los
ayuntamientos y las entidades locales menores sepan a qué deben atenerse
en la prestación de los servicios y en los plazos.
Castilla y León fue la primera comunidad en aprobar una normativa para la aplicación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local a través de un Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía y la continuidad de los servicios públicos, convalidado en las Cortes en el pleno del pasado 9 de abril, con la petición de que se convierta en proyecto de ley, que permite aportaciones de los grupos a través de enmiendas.
Los partidos mayoritarios -PP y PSOE- mantuvieron el acuerdo, que tienen suscrito desde junio de 2013 por el que se aprobó la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, en la convalidación del Decreto-ley, argumento con el que han pedido una prórroga de diez días, que se puede ampliar, para la presentación de enmiendas al texto de aplicación de la reforma local, que sí ha recibido en plazo las propuestas del procurador de UPL, Alejandro Valderas.
El popular Juan José Sanz Vitorio y el socialista Francisco Ramos coinciden, en declaraciones a Ical, en que no existe urgencia para la aprobación de la norma porque el Decreto-ley está vigente y se aplica de «manera eficaz». Ramos anuncia que las enmiendas de su grupo seran «constructivas» y cree que es compartida la idea de que importa más la prudencia que las prisas, aunque evidencia lagunas sobre servicios sociales y pequeños municipios en el texto ratificado, que considera que deben mejorar.
Ramos aboga por la seguridad jurídica en la normativa que se apruebe en las Cortes y defiende un repaso comparativo de la doctrina de otras comunidades, como Andalucía, que ha presentado un borrador de Decreto-ley; Galicia, que tramita un proyecto de ley, o País Vasco y Navarra, que han optado por una circular de interpretación de la ley estatal.
«Se busca el acuerdo, sin prisa, pero sin pausa y desde la discreción», afirma Sanz Vitorio, ponente del Grupo Popular en materia de ordenación territorial y régimen local.
Castilla y León fue la primera comunidad en aprobar una normativa para la aplicación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local a través de un Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía y la continuidad de los servicios públicos, convalidado en las Cortes en el pleno del pasado 9 de abril, con la petición de que se convierta en proyecto de ley, que permite aportaciones de los grupos a través de enmiendas.
Los partidos mayoritarios -PP y PSOE- mantuvieron el acuerdo, que tienen suscrito desde junio de 2013 por el que se aprobó la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, en la convalidación del Decreto-ley, argumento con el que han pedido una prórroga de diez días, que se puede ampliar, para la presentación de enmiendas al texto de aplicación de la reforma local, que sí ha recibido en plazo las propuestas del procurador de UPL, Alejandro Valderas.
El popular Juan José Sanz Vitorio y el socialista Francisco Ramos coinciden, en declaraciones a Ical, en que no existe urgencia para la aprobación de la norma porque el Decreto-ley está vigente y se aplica de «manera eficaz». Ramos anuncia que las enmiendas de su grupo seran «constructivas» y cree que es compartida la idea de que importa más la prudencia que las prisas, aunque evidencia lagunas sobre servicios sociales y pequeños municipios en el texto ratificado, que considera que deben mejorar.
Ramos aboga por la seguridad jurídica en la normativa que se apruebe en las Cortes y defiende un repaso comparativo de la doctrina de otras comunidades, como Andalucía, que ha presentado un borrador de Decreto-ley; Galicia, que tramita un proyecto de ley, o País Vasco y Navarra, que han optado por una circular de interpretación de la ley estatal.
«Se busca el acuerdo, sin prisa, pero sin pausa y desde la discreción», afirma Sanz Vitorio, ponente del Grupo Popular en materia de ordenación territorial y régimen local.
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