LA PRESIDENTA DE LAS ELAS DE ARAGON, RAQUEL ALAMAN, ALCALDESA DE LARÚES-HUESCA, ARGUMENTA QUE EL GOBIERNO QUIERE CARGARSE A LAS ELM., CON UN ANTEPROYECTO INJUSTO

La Higuera,ELM de Arcos de las Salinas que en el año 2010 tenia un solo habitante.

El Gobierno de Mariano Rajoy quiere iniciar unareforma de la Administración local española que no solo ha puesto en pie de guerra a numerosos alcaldes de toda la geografía nacional -incluso del propio PP-, sino que amenaza directamente a la supervivencia las entidades locales menores, núcleos de población de ámbito territorial inferior al municipio que dependen de un ayuntamiento matriz. En Aragón existen 43, que podrían desaparecer si, una vez aprobado lo que ahora es solo un borrador, no presentan sus cuentas al Ministerio de Hacienda en el plazo de tres meses o incumplen las normas de déficit marcadas por el Ejecutivo.

Al menos, así lo indica el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que también planteaba posibilidades como la transferencia de servicios de los municipios pequeños a las diputaciones, y que ya ha sufrido varias modificaciones desde el pasado verano. En el primer texto, el Gobierno apostaba por eliminar, sin opción de replica, las 3.720 pedanías que existen en toda España, la inmensa mayoría en Castilla y León. Sin embargo, la indignación general del mundo rural, que ha llevado incluso a constituir la Federación Española de Entidades Locales Menores, suavizó los términos iniciales.

En la Comunidad, la intención del Gobierno de acabar -ahora racionalizar- con estos entes jurídicos también ha movilizado a la Asociación de Entidades Locales Menores de Aragón, que lucha por los intereses de estos 43 pueblos. “No protestamos porque se controlen las cuentas, sino porque una posible infracción o retraso acabará con la desaparición de estas entidades. Si lo hace una comunidad autónoma o una gran ciudad puede recibir una sanción coercitiva, pero a nosotros nos eliminan del mapa, dejamos de existir jurídicamente”, asegura la presidenta de esta organización, Raquel Alamán, alcaldesa pedánea de Larués, que depende del Ayuntamiento de Bailo, cerca de Jaca.

El Gobierno asegura que el 96% de estas unidades administrativas no presentan sus cuentas en ninguna parte, lo que puede generar irregularidades y una opacidad indeseada. Pero el problema, según explica Alamán, es que los balances de muchas de estas entidades menores dependen de su ayuntamiento matriz, por lo que han surgido discordancias sobre quién debe responder ante el requerimiento de Hacienda. En otros casos, la falta de personal y recursos -la mayoría son pueblos muy pequeños- complican la recopilación de las cuentas de los últimos años. “Se está insistiendo en adelgazar la Administración, y lo más fácil es acabar con los más pequeños”, apunta la presidenta de esta asociación aragonesa, quien asegura que esta medida no conllevará ningún tipo de ahorro a las arcas públicas.

Estas pedanías, muchas con varios siglos de antigüedad, prestan servicios a sus ciudadanos como el alumbrado, el abastecimiento de agua potable, la administración y conservación de su patrimonio o la limpieza de vías urbanas o caminos, así como otras funciones que les delegue expresamente el ayuntamiento del que dependen. “Si desaparecen estas unidades, los servicios y muchas de las decisiones que ahora se toman pasarán a depender de entidades superiores, lo que conllevará una disminución de la calidad de los mismos y un aumento de los costes. Ahora, la mayoría de los servicios los realizan los propios habitantes de forma desinteresada”, añade Alamán.

Revolución organizada

Estas entidades menores, normalmente de pequeño tamaño -la más grande de Aragón tiene 700 habitantes, aunque muchas no superan el centenar- y dispersas por todo el territorio nacional, se han organizado para luchar contra lo que consideran una injusticia y un ataque frontal al medio rural. En algunas regiones, como Andalucía, ya existían asociaciones que las agrupaban, pero en otros se han constituido en los últimos meses. Sin embargo, la organización de estas unidades administrativas ya está alcanzando el ámbito nacional y las diferentes entidades acaban de crear la FEEM, que en septiembre logró reunir en Madrid a unas 15.000 personas para protestar contra la reforma.

Los representantes de estas entidades, respaldados por 50.000 firmas contra el borrador, lograron reunirse con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y su presión sirvió para que la supresión directa de las pedanías se suavizara. Aún así, la rebaja de las condiciones sigue siendo insuficiente y los afectados prometen seguir luchando por el medio millón de españoles a los que representan. “Quieren disolver estas entidades, aunque sea de forma indirecta. Esto significaría que los ayuntamientos acabarían dejando en el olvido a estos núcleos, lo que generaría desprotección y que aumente la despoblación”, indica Antonio Martín, alcalde pedáneo de La Redondela (Huelva) y presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores.

Una deuda “insignificante”

Uno de los argumentos para acometer esta reforma, el de la racionalización del gasto público, pierde peso cuando se habla de cifras. “La deuda de las administraciones locales supera los 28.000 millones de euros, de los que 22.000 corresponden a los municipios españoles de más de medio millón de habitantes”, indica Martín: “Entre las 3.700 entidades locales menores no llegan a los dos millones de euros”, añade.

La explicación, según el presidente de la FEEM, es que para pedir cualquier tipo de crédito necesitan la aprobación del ayuntamiento matriz, lo que limita en gran medida su capacidad de endeudamiento. Además, su -normalmente- pequeño tamaño no hace necesario el recurrir a grandes préstamos.