100.000 vecinos se quedan sin pueblo
Andalucía
Las entidades locales autónomas rechazan su supresión,
como defiende el PP
Raúl Limón Sevilla 22 AGO 2012 - 15:31 CET
Macharaviaya,
un municipio malagueño con 500 habitantes. / JULIÁN ROJAS
Más de
100.000 andaluces se podrían quedar sin pueblo. El Gobierno prevé suprimir las
entidades locales autónomas, de las que en Andalucía hay 48 y a las que habría
que sumar otras 12 en proceso de segregación. Pero los habitantes de estas
localidades, algunas tan importantes como San Pedro de Alcántara, Torre del Mar
o Guadalcacín, están dispuestos a dar batalla. Han conseguido el
compromiso político de partidos y sindicatos y esta semana se han reunido con
el diputado socialista Gaspar Zarrías para reclamarle que su proyecto de ley
alternativo los defienda. Pero no quieren solo palabras, exigen que el Gobierno
retire su propuesta y un "pronunciamiento claro e inequívoco" del
presidente de la Junta, José Antonio Griñán, contra el proyecto del Ejecutivo
del PP.
La guerra la
desató el Consejo de Ministros del pasado día 13 de julio, cuando aprobó el
informe del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
para la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Este texto normativo
prevé "la disolución de las 3.723 entidades locales menores existentes,
que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan".
La
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo justificó en la
necesidad de "redefinir" la estructura de la administración local y
garantizar "servicios públicos adecuados a precios adecuados y mejor
gestionados". Y añadió un argumento que ha sido combustible para los
responsables de estas entidades: "Poner orden en la multiplicidad de
entidades locales que ejercen con una gran parafernalia administrativa una
multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los
recursos públicos".
"Tenemos
superávit, no le costamos ni un euro al Estado, no generamos deuda pública y
damos servicios eficaces", replica el secretario general de la Federación Andaluza de Entidades
Locales Municipales (Faem), Miguel Gregorio Martínez, quien rechaza uno por
uno los argumentos contra estas localidades.
Y añade
razones. "Suprimir las entidades locales no sólo no supondría ahorro
alguno [el Gobierno calculó que su reforma de la administración local evitaría
3.500 millones de gasto] sino que generaría además abandono rural y el
consiguiente daño ambiental y social".
El
responsable de la Faem atribuye la propuesta del Gobierno a una "operación
de maquillaje político". "Pretenden dar la imagen en Europa de que
quitan administraciones y políticos", asegura.
Pero insiste
Miguel Gregorio en que muchos concejales ni siquiera tienen sueldo salvo
quienes tienen dedicación exclusiva, que las ELA viven de las tasas y de la
explotación de bienes comunales porque la norma les impide cobrar impuestos y
que no pueden generar deuda porque tiene que autorizarla el Ayuntamiento
matriz y la intervención, generalmente, no lo permite. "Ni siquiera nos
deja acceder a una subvención si no tenemos al día la liquidación", añade.
Por lo
tanto, el argumento económico no sirve y el de la población es insuficiente
porque, de aplicar como criterio la supresión de administraciones solo por la
escasez de habitantes, habría que acabar con más de la mitad de los pueblos de
España, donde 4.900 municipios no superan los 1.000 habitantes y el 85% no
llega a los 20.000 que el PP exige para que mantengan sus competencias. Además,
insiste la Faem, la falta de población no los hace onerosos para las arcas
públicas, ya que las entidades locales aportan dinero al Estado al tener
superávit mientras otros municipios como la propia capital de España acumula casi
un tercio de la deuda pública de todas las ciudades, 28.000 millones.
Las ELA son
un elemento clave para sus 100.000 vecinos, ya que son las entidades que
prestan los servicios y asumen la responsabilidad del pueblo. Además, evitan
desplazamientos innecesarios de los habitantes.
"La
supresión de las entidades locales originaría una merma en la democracia en
estas poblaciones, un paso atrás en la prestación de servicios básicos públicos
a las ciudadanas y ciudadanos, y de capacidad para participar y decidir sobre
las cuestiones de su territorio", resume una moción que ahora recorre los
ayuntamientos andaluces contra la reforma de la administración que promueve el
PP.
Los
presupuestos de las entidades locales oscilan entre los 6.000, 600.000 y el
millón y medio de euros de media, aunque todas tienen sus peculiaridades. Las
hay de 60 habitantes, como San Julián en Marmolejo (Jaén), que presume de
superávit frente a la deuda de su municipio matriz, y de más de 20.000 vecinos,
como Torre del Mar. En verano, Balanegra, Zahara de los Atunes, Carchuna
Calahonda, Torrenueva y la Redondela llegan a los 30.000 habitantes.
Todas
alardean de una economía saneada y destacan que su dependencia de un municipio
matriz sin entidad autónoma sólo acarrea problemas y desatención. Por lo tanto,
niegan los argumentos económicos y organizativos.
Aseguran,
además, que nadie ha reclamado la supresión de estas entidades "Es un
invento de última hora, ya que el grupo de trabajo constituido en el Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), al que el Gobierno encargó un
documento sobre la reforma, emitió un informe el 25 de Mayo de 2012 que no
incluía esta medida", defiende el secretario general de la Federación de
entidades locales (Faem), Miguel Gregorio, quien considera que la idea de suprimir las ELA la incorporó más tarde el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Consejo de Ministros. Por esta razón
exigen que sea también en Consejo de Ministros donde se apruebe la retirada
definitiva de este proyecto de reforma que, según defiende Faem, "es
nocivo para el sistema democrático y no arregla nada en el terreno
económico".
"La
mera intención de cualquier texto en donde aparezca, la eliminación de las
entidades locales autónomas [o menores, como se denominan fuera de Andalucía]
supone un error total y una afrenta para los representantes de estas",
añaden.
Además de la
rectificación del Gobierno, reclaman una moción en el Congreso y Senado en
defensa de las entidades locales menores de España. También demandan una
declaración institucional en todas las Comunidades Autónomas, por ser la
administración mas cercana a los ciudadanos.
Por el
momento, Izquierda Unida y PSOE se han mostrado favorables a recurrir la reforma de la administración local
promovida por el PP. Pero desconfían de las declaraciones políticas y ya
solo admiten hechos. Por eso se preparan para demostrar en Madrid el próximo
día 10 de septiembre que tienen voz, y alta, y capacidad de organización. Lo
han hecho al margen de las organizaciones municipales exitentes porque afirman
que están mediatizadas por una "excesiva politización" y la
"permanente interinidad" de sus representantes. No se casan con nadie
y, desde su creación, la federación que agrupa a los entes locales decidió
vivir de las cuotas de sus socios.
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